La investigación de la Guardia Civil por la presunta estafa en la venta de unas 80 autocaravanas defectuosas ha culminado con la imputación de buena parte de la plantillas de las estaciones de la ITV (Inspección Técnica de Vehículos) de Alicante y Benidorm.
Entre los veinte arrestados figuran, al parecer, los directores de las estaciones e ingenieros que supuestamente dieron el visto bueno a unos vehículos que habían sido prácticamente partidos por la mitad y luego fueron soldados.
Estas autocaravanas, al parecer, pertenecen a una empresa de Barcelona que las tenía dispuestas para su venta en Francia cuando, en 2008, unas inundaciones asolaron la zona y supuestamente inutilizaron los vehículos.
Sin embargo, la empresa detectó que las caravanas que en teoría tendrían que haberse destruido estaban de nuevo en el mercado, ya que empezaron a recibir pedidos de piezas para vehículos que supuestamente estaban dados de baja. Y es que, según las pesquisas de la Guardia Civil, las caravanas, al parecer, acabaron en la República Checa, donde alteraron los números de bastidor del motor.
Una empresa de Alicante, cuyo propietario también está imputado, las vendía en España por entre 12.000 y 35.000 euros. Cuando la compañía de Barcelona puso la denuncia, la Guardia Civil inmovilizó las autocaravanas al entender que no eran seguras para circular. Sin embargo, sus propietarios aseguraron que todos los papeles estaban en regla y que los vehículos incluso habían pasado la ITV en la provincia de Alicante.
