«Ese control supondrá el cierre de todas», alertan los autocaravanistas, pero el Ejecutivo defiende que «garantiza la seguridad de los turistas»
CHELO TUYA - GIJÓN
Está aún en manos del Consejo Consultivo, pero la Junta General ya se prepara para frenarlo. De hecho, todo apunta a que el decreto que marcará las líneas que deberán seguir por los campamentos turísticos en Asturias (el que ha elaborado la Consejería de Empleo, Industria y Turismo) puede llegar al Consejo de Gobierno después de que el Parlamento asturiano haya debatido una proposición no de ley presentada por Ciudadanos para modificarlo. Contará con el apoyo de la mayoría de la cámara, puesto que tanto PP como Podemos e IU han asegurado a EL COMERCIO que no comparten la principal novedad que incluye el texto del Gobierno regional: que las áreas de autocaravanas cuenten con controles de usuarios y vehículos.
Área de autocaravanas de la gijonesa playa de El Arbeyal. / CITOULA / CITOULA
Tal y como adelantó EL COMERCIO, el decreto cuenta ya con el visto bueno del Consejo de Turismo, un órgano en el que están representados todos los empresarios, así como los ayuntamientos y los grupos parlamentarios. Sin embargo, tanto consistorios como partidos políticos consideran que obligar a que las áreas de autocaravanas cuenten a partir de ahora con un dispositivo que controle a los usuarios «invade las competencias municipales».
La posición de Ciudadanos la defienden también Pedro de Rueda, Paula Valero y Ovidio Zapico, portavoces respectivamente de PP, Podemos e IU en materia turística.
«Ese decreto ya se paró»
«Es imposible que los ayuntamientos financien el control de esas áreas», aseguró De Rueda, mientras que Zapico apunta posibilidades como «el control telemático. Es posible que en esas áreas se instalen dispositivos, como los reguladores del estacionamiento, en los que se introduzcan los datos del vehículo. O, también, se puede llegar a un acuerdo de colaboración con la Delegación del Gobierno».
En todo caso, todos coinciden, resume Valero, en que «obligar a los ayuntamientos a realizar esa inversión es una penalización. Una cosa es que se instalen esos controles en las áreas privadas, que tienen ánimo de lucro, pero no en las municipales que contribuyen a desestacionalizar el turismo».
Esta unanimidad política recoge el sentir del Club Autocaravanista del Principado. Su presidente, Isaac García, se reunió con todos los portavoces parlamentarios, «para explicarles que ese decreto ya se paró en 2014 y por los mismos motivos: supone una injerencia con las normativas municipales. De hecho, instalar esos dispositivos de control supondrá el cierre de todas las áreas municipales abiertas en Asturias».
Según sus cifras, son 31 las áreas de estacionamiento de caravanas abiertas en Asturias. «Todas están preparadas para la pernocta, todas con estancia máxima de 48 horas, pero ninguna tiene control», aclara García. Se pregunta «cómo ayuntamientos que ni siquiera tienen Policía Local o disponen de presupuestos muy pequeños van a poder pagar esos controles». En su opinión, el decreto «atenta contra 25 ordenanzas municipales».
«Todos lo apoyaron»
El control de los usuarios de las áreas de autocaravanas es una vieja reivindicación de los propietarios de campings. Entienden los empresarios que esas zonas suponen «una competencia desleal» y recuerdan que todos los turistas «deben identificarse cuando se alojan», algo que no sucede «en estas áreas».
Para el director general de Comercio y Turismo, Julio González Zapico, la posición contraria que ahora muestran los grupos parlamentarios es contraria «al acuerdo que hubo en el Consejo Asesor de Turismo. Allí están todos presentes». Desde la Feria de Turismo de Berlín, González Zapico defendió la necesidad de controles «para garantizar la seguridad de todos los turistas».
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