¡ somos turistas, no delincuentes ! Autocaravanistas por sus derechos: Un juzgado obliga a reabrir un camping de autocaravanas que el Consell mandó cerrar tras la denuncia de un vecino

Artículo 139 Constitución Española.-
  • 1. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado.
  • 2. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.


  • Las áreas de servicio para autocaravanas suponen posibilitar de forma ordenada un turismo de gran potencial económico para la ciudad que hasta ahora no haya apostado por él.

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    Un juzgado obliga a reabrir un camping de autocaravanas que el Consell mandó cerrar tras la denuncia de un vecino

    • La empresa, que tuvo que cerrar en verano, ha conseguido del juzgado una medida cautelar que le permite operar hasta que haya una sentencia firme sobre la clausura
    • La mercantil ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la Conselleria de Turismo
    El cámping de autocaravanas situado en el Camí dels Alguers de L’Alfàs del Pi que tuvo que cerrar este verano a instancias de la Conselleria de Turismo podrá volver a abrir sus puertas, al menos temporalmente. Así lo ha establecido el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Alicante en un auto dictado el pasado 18 de diciembre en el que acepta la medida cautelar solicitada por la empresa del cámping, Camper Park Costa Blanca, para poder retomar la actividad.
    camper park costa blanca
    Fotografía: Camper Park Costa Blanca
    Este cámping ha sido objeto de polémica desde 2012, cuando un particular denunció ante la Conselleria que el establecimiento era irregular; una denuncia que sirvió a la portavoz del PP, Maite Huerta, para arremeter duramente contra el gobierno local y contra la proliferación de este tipo de establecimientos.
    A raíz de la denuncia de este particular, Turismo abrió un expediente sancionador y hace unos meses comunicó al Ayuntamiento que debía cerrar el cámping. Con este escrito de Conselleria en la mano, el Ayuntamiento dictó el 8 de agosto una resolución revocando “la licencia provisional” que dio en su día, obligando así a su clausurara. La empresa decidió entonces plantar batalla en los tribunales.
    Además de presentar un recurso contencioso administrativo contra la Conselleria, Camper Park Costa Blanca también pidió en el juzgado dejar sin efecto la resolución del Ayuntamiento para poder así reabrir las instalaciones hasta que se resuelva el pleito con Turismo. La mercantil argumentó ante el juzgado que mantener esa orden de clausura podía provocarle “perjuicios de imposible o difícil reparación”.
    Así el juzgado ha decidido atender la petición de la empresa y dejar sin efecto la orden del Ayuntamiento -que no ha alegado- “hasta que exista una sentencia firme” que determine si el camping es legal o no. De esta forma, según la juez, se evitarán “situaciones de hecho irreversibles”.
    El primer camper en el ojo del huracán
    Este aparcamiento de caravanas del Camí dels Alguers fue el primero en verse envuelto en la polémica, aunque no ha sido el único. De hecho, la oposición del PP de L’Alfàs se ha mostrado muy crítica con este tipo de establecimientos y no ha dudado en acusar al gobierno local de “un presunto delito administrativo” cuando se ha terciado.
    Ya en 2012, la portavoz popular deslizó que este camping podía ser ilegal. Entre otras cosas porque la licencia que tenía como aparacamiento de autocaravanas sólo permitía a los vehículos “quedarse de dos a tres días” y algunos “se llegan a quedar más de tres meses”. Habló también de que las instalaciones no eran adecuadas y que este establecimiento estaba afectando al suministro de agua y luz de las viviendas cercanas.
    El gobierno local explicó entonces que el establecimiento tenía “una autorización en precario” para ejercer su actividad y que desde el Ayuntamiento se había diligenciado una Declaración de Interés Comunitario (DIC), ya que  se encuentra en suelo rústico. Es la Conselleria la que en última instancia tiene que dar luz verde a la DIC, aunque hace unos años el gobierno valenciano dio instrucciones a los Ayuntamientos para que aprobaran todas las DIC, porque éstas se traducían “en creación de nuevos puestos de trabajo”.
    A raíz de la medida cautelar dictada ahora por el juzgado y que permite reabrir el cámping, Such ha asegurado que los tribunales cuestionan los argumentos de Huerta, a la que ha acusado de desplegar una acción de “acoso y derribo” contra “varios sectores empresariales del municipio”. “Se dedica a intentar contra viento y marea que se caduquen licencias y se cierren negocios sin importarle las consecuencias económicas y personales que tenga, sólo para alardear que se han cerrado gracias a ella”, ha manifestado sobre la portavoz popular.

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