El alcalde socialista de l’Alfàs del Pi se ha visto obligado por la Consellería de Turismo a cerrar definitivamente el Camper Park Costa Blanca, al tratarse de una actividad ilegal como venían denunciando desde hace años el Partido Popular de l’Alfàs y números vecinos de la zona. Como ha explicado la portavoz popular, Maite Huerta, “durante muchos años Vicente Arques ha permitido mantenerse abierto un negocio, a sabiendas de que no cumplía con la normativa y estaba prohibido”, para lograr así un posible beneficio suyo, y sin importarle el grave perjuicio ocasionado a todos los residentes.
El Camper Park Costa Blanca cerró sus puertas el pasado 15 de junio, indicando que abriría el pasado 15 de septiembre, pero la Consellería ha obligado al alcalde a cerrar el establecimiento y retirarle la licencia que el Ayuntamiento le había concedido de forma irregular. El Camper Park Costa Blanca no reunía los requisitos necesarios para obtener la obligatoria Declaración de Interés Comunitario (DIC) y un cartel de cerrado indica el final definitivo de la actividad.
Una vez cerrado el Camper Park Costa Blanca, el grupo municipal del PP ha instado al alcalde a que revoque igualmente la licencia provisional que el equipo de gobierno socialista tiene concedida a los propietarios del Orange Grove Camping Park, la mercantil Suchbaker S.L. Otro establecimiento de las mismas características, ubicado a menos de 500 metros del que se acaba de cerrar, en el Camí dels Alguers 65.
Un Camper Park al que el alcalde concedió una licencia provisional para la actividad de aparcamiento de paso y área de autocaravanas el 24 de octubre de 2.012, por un plazo de dos años, y que ha vuelto a ser prorrogada por el equipo de gobierno alfasino el pasado 13 de mayo. Un negocio en el que se desarrolla la misma actividad que en el cerrado recientemente a escasos metros y que igualmente carece de la preceptiva concesión de la Declaración de Interés Comunitario, obligatoria para la apertura de este tipo de establecimientos, como se establece en los términos previstos en el artículo 27 de la Ley 10/2004. Además, los propietarios, están realizado obras en una parcela contigua, acondicionándola para poder ampliar la zona de aparcamiento y, por tanto, aumentar el negocio ilegal.
La portavoz popular, Maite Huerta, ha informado que se ha puesto en conocimiento del Servicio Territorial de Urbanismo de Alicante lo que consideran un nuevo “presunto delito de prevaricación al permitirse una actividad ilícita”, ya que el equipo de gobierno del alcalde socialista Vicente Arques ha vuelto a conceder licencias de actividad y obras sin la previa Declaración de Interés Comunitario (DIC) en suelo no urbanizable a favor de la mercantil “Suchbaker S.L”, hechos que podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación previsto en el artículo 404 del Código Penal, en relación con un delito de prevaricación urbanística previsto en el artículo 320 del mencionado código.
Maite Huerta ha lamentado la actitud del alcalde, que supone un nuevo “desprecio y abandono de los ciudadanos”, reclamando al primer edil que actúe de forma inmediata y no vuelva a hacer prevalecer los interese de personas afines a su partido ante el de los vecinos.
En la denuncia presentada en el Servicio Territorial se aportan también otras pruebas de la presunta ilegalidad del desarrollo del camping, como es que la licencia de aparcamiento de paso de auto caravanas otorgada por el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi únicamente permite que los dueños de los vehículos pueden quedarse de 2 a 3 días para su abastecimiento y descanso. Sin embargo, como han demostrado los vecinos con fotografías y se informa en la propia web del establecimiento, los clientes pueden quedarse más de 30 noches, cobrando la propiedad un medio de 10 euros al día.
Además, el irregular camping no cuenta con las instalaciones adecuadas, ya que la actividad turística que se está realizando repercute negativamente en el entorno ambiental, porque no existe la adecuada red de evacuación de aguas fecales a los desagües de los colectores municipales.
Los vecinos también se quejan porque se está masificando una zona de baja densidad de población, lo que les afecta en el suministro de agua y electricidad de sus domicilios, ya que pierden presión e intensidad. Igualmente denuncian que son peligrosos los enganches eléctricos en precario que realizan las caravanas al no estar acondicionado el recinto.
La zona está considerada como rural y se necesitan 10.000 metros cuadrados para construir una vivienda. Sin embargo, el camping tiene menos de 5.000 metros y una capacidad para alrededor máxima de 38 caravas, que ahora quiere verse ampliada. Los accesos tampoco están preparados para el tráfico de este tipo de vehículos, lo que está causando problemas de seguridad vial en la zona, existiendo un informa de la Guardia de Civil de la peligrosidad de la circulación de caravanas.
Por todos estos motivos, según ha recalcado la portavoz popular, se está produciendo “una presunta actividad turística para la que no existe licencia, y se hace con el beneplácito y respaldo del alcalde que está incurriendo en un probable delito de prevaricación”, ha remarcado Maite Huerta. Una actividad presuntamente ilegal “que realiza una competencia desleal al sector turístico de la zona”, ha concluido la portavoz popular.
Fuente:
